Noticias

Fuente: Faro de Vigo

Solo tres de cada diez empresas privadas han inscrito sus ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, según los datos de 2012 del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Una de las principales razones es, según Fernando Suárez, presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG), el desconocimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que establece los derechos y deberes ante la información de carácter personal. Con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos que se conmemora hoy, Suárez aboga por emplear el sentido común cuando se manejan datos personales, especialmente en internet, y formar a los jóvenes en el manejo correcto de las redes sociales, ya que su inmediatez multiplica el posible daño que puede hacer la difusión de determinada información.

-Se habla mucho de la protección de datos, pero ¿sabemos qué es?

-La protección de datos personales está recogida como un derecho fundamental en nuestra Constitución, aunque sea la gran desconocida, sobre todo cuando hablamos de las nuevas tecnologías. Todos conocemos las últimas alarmas de intromisión en la propia intimidad. Frente a esto, es necesario impulsar el conocimiento sobre los derechos sobre la protección de datos, pero también sobre nuestras responsabilidades. Las empresas tienen la obligación de declarar los ficheros de datos que tienen y no hacerlo conlleva una sanción económica. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el número de empresas y las que han presentado sus ficheros. Pero no solo las empresas manejan datos personales. Todos, en mayor o menor medida, los manejamos, y tenemos que conocer qué podemos y qué no podemos hacer con estos datos porque somos responsables de ellos. Cualquier dato que pueda identificar a la persona: el apellido, el teléfono, la voz? es personal, y por tanto, no se puede difundir sin su consentimiento.

-¿Qué nivel de cumplimiento tiene la ley?

-Bajo entre las empresas y más aún entre los usuarios. El número de empresas que declaran sus ficheros está muy por debajo del número de empresas. Pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y las infracciones están tipificadas de forma muy clara en leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que en España son muy elevadas: hasta 600.000 euros, que pueden aplicarse por difundir datos sindicales, recoger datos de forma engañosa, y difundir la orientación sexual o religiosa.