Comunicación
La informática no puede esperar más: La anormal situación de la ingeniería informática en España #InformáticaSoluciónYA
Esta nota es una síntesis sobre la anormal situación de la ingeniería informática en España en relación al resto de ingenierías, y los problemas de todo tipo que ello está generando a nivel universitario y profesional: “... en todos los casos, excepto en España, independientemente del modelo regulatorio general, todos los países europeos tratan a la ingeniería informática en absoluta igualdad de condiciones y regulación académica y profesional que el resto de ingenierías…”
En la transposición a España del Espacio Europeo de Educación Superior (Vulgarmente conocido como proceso de Bolonia), en 2008, se dejó a la ingeniería informática en una situación regulatoria anormal en relación al resto de ingenierías españolas, al no ser incluida en el Real Decreto 1837/2008 de Cualificaciones Profesionales. Ello motivó protestas y manifestaciones generalizadas en toda España, comprometiéndose el gobierno de entonces a corregir la situación "en breve plazo" y a "definir soluciones transitorias para que la ingeniería informática tenga el mismo trato que el resto de ingenierías". Tomándose como primeras medidas la aprobación de las leyes de creación de los Consejos Generales de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática, así como la aprobación en el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación de las memorias de requisitos de los títulos universitarios oficiales de grado y master de ingeniería informática, aunque no como una orden ministerial de obligado cumplimiento sino como una recomendación, de modo transitorio.
Ocho años después y tras dos gobiernos diferentes continua esta situación anormal y transitoria de la ingeniería informática, que debía haber sido resuelta "en breve plazo", con efectos laterales negativos y discriminatorios respecto al resto de ingenierías tanto a nivel académico y para los nuevos estudiantes de ingeniería informática, como profesional para los nuevos titulados.
Entretanto en España se han ido regulando parcialmente y de forma fragmentada diversas actividades en el ámbito de la ingeniería informática, agravando la situación anormal de la ingeniería informática, y no realizando los sucesivos gobiernos ningún avance en materia de evaluación técnica de la incidencia en el interés general y los derechos fundamentales de las actividades y servicios informáticos.
Aprobación por el Congreso de los Diputados de PNL sobre ingeniería informática
Esta circunstancia y penosa situación ha sido tratada desde 2008 en distintas mociones a nivel de parlamentos autonómicos, a nivel nacional en el Congreso y en el Senado, y recientemente en el Congreso de los Diputados, con la Proposición No de Ley (PNL) 161/002878 relativa a las titulaciones de ingeniero e ingeniero técnico informático, aprobada el 11 de febrero de 2015 con el APOYO UNÁNIME DE TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, instando al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para que, con respeto a la normativa y competencias regulatorias en el ámbito profesional, la Ingeniería Informática alcance el mismo nivel de definición académico que el resto de ingenierías”.
Necesidad de igualdad de tratamiento de la ingeniería informática respecto al resto de ingenierías. A nivel nacional y para la Tarjeta Profesional Europea.
La Comisión Europea exigió a finales de 2015 al Gobierno de España la actualización de su normativa para la puesta en marcha de la Tarjeta profesional Europea. El pasado mes de Enero de 2016 el Gobierno consultó a los representantes de los profesionales para tramitar la actualización del Real Decreto 1837/2008 sobre Cualificaciones Profesionales, reclamando tanto los profesionales, como las universidades y los estudiantes, la urgencia de corregir la estrafalaria situación de la ingeniería informática en el real decreto en cuestión, exigiendo que en el nuevo redactado de Real Decreto sobre Cualificaciones Profesionales recoja el establecimiento como orden de las memorias de títulos de grado y máster de ingeniería informática, y otras medidas para dar a la ingeniería informática el mismo tratamiento que al resto de ingenierías tanto a nivel académico como profesional. Manifestándose adicionalmente la preocupación por una nueva discriminación de los profesionales de la informática en relación a la Tarjeta Profesional Europea, si no se atienden sus demandas en la actualización del mencionado real decreto. También conviene tener presente que, a pesar de que tanto el Ministerio de Industria (tutelante de la ingeniería informática) conoce de primera mano nuestra argumentación jurídica para incluirnos en dicho Real Decreto, en su preceptivo informe ignora absolutamente la problemática, siendo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de su Secretaría de Estado para la Unión Europea, el único Ministerio que se pronuncia sobre la cuestión, mostrándose favorable a la inclusión de la ingeniería informática y la ingeniería técnica informática en dicha actualización del Real Decreto.
Se da la circunstancia de que la ingeniería informática es la segunda ingeniería por número de titulados y alumnos en España (Unos 205.000 titulados en ingeniería técnica informática, ingeniería informática y estudiantes según datos del INE), teniendo además una tasa de ocupación de pleno empleo, e incluso apuntando los estudios europeos a una sobredemanda de profesionales por encima de la capacidad del sistema educativo de generar titulados.
Todo ello hace especialmente grave que haya una penalización de la titulación y la profesión, en detrimento de las vocaciones en la materia, cuando se trata de un yacimiento de empleo en todo los niveles de cualificación, tanto universitarios como de formación profesional.
La regulación y la ingeniería informática en Europa:
La regulación de actividades y servicios es una competencia de los estados miembros, no de la Comisión Europea. Existen básicamente dos modelos de regulación: Uno muy liberal con poca o nula regulación de actividades y servicios en una materia. Y otro modelo más regulatorio que establece requisitos en algunas actividades y servicios concretos cuando considera que tienen incidencia en el interés general o los derechos fundamentales, y por lo tanto incorpora mecanismos que puedan aumentar su calidad y su prestación con las mayores garantías.
Estos modelos regulatorios no son específicos de la informática, ni siquiera de la ingeniería, sino de todas las actividades y servicios profesionales en general
A nivel normativo y a estos efectos regulatorios la Comisión Europea entiende por razones de interés general: “Razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.”
(...por cierto que resulta evidente que existen actividades y servicios de ingeniería informática con incidencia en los mencionados ámbitos.)
En el campo de la ingeniería (incluida la ingeniería informática) cada país ha adoptado para la regulación un modelo más liberal o más regulatorio para la ingeniería. Por ejemplo Italia tiene un modelo más regulatorio en el que hay diversas actividades y servicios de las ingenierías (también la ingeniería informática) que son regulados. Por contra Francia tiene un modelo más liberal, aunque se realiza un regulación y control de los titulos universitarios de ingeniería (también de ingeniería informática). A continuación se muestran imágenes de similar tratamiento igualitario en Alemania y Gran Bretaña. Lo importante es entender que en todos los casos, independientemente del modelo regulatorio general, todos los países europeos tratan a la ingeniería informática en absoluta igualad de condiciones y regulación académica y profesional que el resto de ingenierías (por otro lado como no podría ser de otro modo).
Sea por inacción o por dejación, el hecho es que solo España tiene a la ingeniería informática en una situación anormal a nivel regulatorio y en desigualdad de tratamiento respecto al resto de ingenierías.
Por ello los profesionales, universidades y estudiantes exigen que se resuelva la situación, dando igual tratamiento a la ingeniería informática respecto al resto de ingenierías a nivel académico y profesional, siendo el mencionado real decreto una norma clave. Y con una perspectiva general, tratándose de un primer paso necesario en una acción política real en materia de regulación de los productos, actividades y servicios informáticos, especialmente los que usan Internet, por su incidencia en todos los ámbitos (individual, familiar, laboral, empresarial, administrativo y social en general), y en el interés general y los derechos fundamentales.
La informática no puede esperar más.
Actualmente el Gobierno de España ha ampliado a nada menos que 185 las profesiones reguladas en España, pero de nuevo se ha marginado a la ingeniería informática al no haber impulsado el Gobierno la realización del denominado "ejercicio de transparencia" con la ingeniería informática, como recomienda la Comisión Europea, y a pesar de las solicitudes al respecto de los profesionales de la ingeniería informática a través de CCII.
Por si fuera poco, en la actualidad existen regulaciones fragmentadas de diversas actividades en el ámbito de la ingeniería informática en diferentes niveles normativos. Esta situación legal y profesional debe empezar a ordenarse a nivel regulatorio en igualdad de condiciones con el resto de ingenierías en el mencionado Real Decreto sobre Cualificaciones Profesionales cuya actualización está en tramitación. De hecho uno de los objetivos de la Comisión Europea no es otro que la clarificación en estas materias de modo transparente en todos los países miembros como paso previo a la puesta en marcha de la tarjeta profesional europea. Y por supuesto, sin perjuicio de su evolución y revisión continuada y periódica por los estados miembros, de modo acorde con los tiempos y las evoluciones técnicas y sociales, como norma general para todas las profesiones. Es insostenible y urgente corregir la situación de la ingeniería informática antes de la puesta en marcha de la tarjeta profesional europea, pues lo contrario generaría efectos laterales negativos de todo tipo para los profesionales de la ingeniería informática españoles, tanto en relación con el resto de ingenierías como respecto a los profesionales de la ingeniería informática del resto de paises europeos en los que la ingeniería informática tiene el mismo trato académico y profesional que el resto de ingenierías.
El Gobierno debe equipararse a nuestro entorno de países de la Unión Europea corrigiendo esta situación anormal y discriminatoria de la ingeniería informática respecto al resto de ingenierías. La actual penalización académica y profesional de la ingeniería informática frente al resto de ingenierías, además de injustificable y carente de sentido objetivo, es un despropósito a nivel de fomento de vocaciones profesionales, estrategia de empleo, estrategia de emprendimiento, estrategia de dinamización económica y estrategia de competitividad económica y social en general.
El Gobierno debe corregir esta penalización a la ingeniería informática que ha durado demasiado y que nunca debió producirse. Con carácter inmediato en el mencionado Real Decreto sobre Cualificaciones Profesionales y acto seguido con un impulso general a la regulación en materia informática como elemento clave de la sociedad de la información y el conocimiento en que vivimos, y que encierra un enorme potencial de empleo, emprendimiento, productividad y en definitiva competitividad y creación de riqueza para la economía española.