20180905 Administracion electronica

 

Desde el Consejo General de Ingeniería Informática rechazamos este aplazamiento al suponer un importante retraso en los avances tecnológicos de la administración pública

 

 El pasado 31 de agosto, el Consejo de Ministros decidió ampliar a dos años el plazo de la ley 39/2015 en referencia a la entrada en vigor de los registros electrónicos generales, de apoderamiento, de funcionarios habilitados, puntos generales de acceso y archivo electrónico único.

La ampliación de aplicación de esta ley -que expiraba el próximo 2 de octubre- se debe, según se explica en el documento emitido por el Consejo de Ministros, a una oportunidad mayor para que las administraciones puedan adaptarse a las exigencias requeridas por la citada ley. A falta de menos de un mes para la finalización de la puesta en marcha, muchos organismos públicos no estaban preparados para este cambio a pesar que la ley se aprobó en el año 2015. Esta decisión demora una vez más la posibilidad de los ciudadanos de ejercer sus derechos sin barreras geográficas o físicas y sin limitación de horarios.

 La Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común, ley básica para el procedimiento administrativo en todas las Administraciones Públicas, supone un importante proceso de transformación, tanto internamente como de servicio al ciudadano por parte de las administraciones públicas que requiere de nuevas necesidades como recursos humanos, cambios en la organización y nuevos perfiles profesionales como es el caso de los profesionales de la ingeniería informática.

Desde el Consejo General de Ingeniería Informática consideramos un error el retraso aprobado por el ejecutivo en la agenda digital, pues no es una cuestión de falta de recursos por parte de las administraciones públicas si no una ausencia de disposición en la aplicación de las tecnologías informáticas.

Además, consideramos clave la inclusión, en esta transformación digital por parte de los organismos públicos, de los profesionales de la ingeniería informática. El paso hacia una administración electrónica con el cumplimiento de la ley 39/2015 es una necesidad en el 2018, para que las administraciones públicas puedan convertirse en una herramienta eficiente y transparente al servicio de los ciudadanos.