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Comunicado del CCII tras el fallo del Tribunal Supremo que establece que los algoritmos deben ser transparentes
El reciente fallo del Tribunal Supremo, que establece que los algoritmos públicos deben ser transparentes. Desde el Consejo General de Ingeniería Informática considera que este hito marca un antes y un después en la relación entre la ciudadanía, la tecnología y la Administración. No hablamos de una cuestión técnica menor: los algoritmos ya forman parte de los procesos de decisión que afectan directamente a derechos fundamentales de las personas, desde la concesión de un bono social hasta, en otros casos, la protección frente a la violencia de género.
La importancia de esta sentencia no radica solo en su resultado, sino también en su propio proceso. Como se ha señalado, la celebración de la vista oral da cuenta de su trascendencia, en un ámbito —el contencioso-administrativo del Supremo— en el que la gran mayoría de casos se resuelven por escrito. En el centro de la decisión se encuentra BOSCO, el algoritmo que determina qué hogares pueden acceder al bono social de la luz, un ejemplo concreto y claro de cómo la informática incide en el interes general y los derechos fundamentales
El debate deja al descubierto algo que desde la Ingeniería Informática venimos advirtiendo desde hace años: la tecnología no es neutral. Por eso, si cabe, es aún más importante que quienes la diseñan y desarrollan lo hagan con las máximas garantías de conocimiento, responsabilidad y ética profesional. Desde CCII, una vez más, reclamamos la necesidad de regular la Ingeniería Informática, una profesión con una trascendencia creciente en nuestra sociedad.
Y ejemplos de esa trascendencia los vemos cada día. Basta citar la noticia reciente de que un fallo informático en las pulseras de control de maltratadores ha derivado en la absolución de decenas de agresores. La etiqueta "fallo informático" oculta en ocasiones falta profesionalidad en el diseño y gestión de los productos y servicios informáticos. Situaciones así evidencian que detrás de cada línea de código y cada sistema tecnológico hay vidas reales que dependen de su correcto funcionamiento.
La transparencia, la calidad, la responsabilidad y la excelencia profesional en el desarrollo de los algoritmos públicos no son opcionales: son una obligación democrática.
