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El Consejo General de Ingeniería en Informática ha trasladado a los eurodiputados españoles su posición ante la posible tramitación acelerada de una ampliación de la denominada regulación “Chat Control 1.0”. El CCII considera que la protección de niños, niñas y adolescentes frente al abuso y la explotación sexual en línea debe ser una prioridad absoluta. Precisamente por ello, entiende que las medidas que se adopten deben ser eficaces, proporcionadas, respetuosas con el Estado de derecho y técnicamente sólidas.

Desde el Consejo, manifestamos nuestra preocupación ante el uso de procedimientos de urgencia para abordar iniciativas con un impacto tan relevante sobre la privacidad, el secreto de las comunicaciones, el cifrado seguro, la ciberseguridad y los derechos fundamentales. Estas cuestiones requieren un análisis suficiente por parte de las comisiones especializadas del Parlamento Europeo y un debate técnico, jurídico y democrático adecuado.

En la comunicación remitida a los representantes españoles en el Parlamento Europeo, el CCII defiende que cualquier intervención en comunicaciones privadas debe estar vinculada a indicios concretos, contar con autorización judicial y someterse a supervisión independiente. El presidente del Consejo, Fernando Suárez, señala que “la protección de la infancia no puede utilizarse como justificación para implantar mecanismos generales de vigilancia de las comunicaciones privadas. La respuesta debe basarse en investigación especializada, recursos suficientes, cooperación internacional y actuaciones dirigidas a quienes cuenten con motivos fundados para investigar”.

Además, desde el CCII advertimos también de los riesgos asociados al análisis automatizado e indiscriminado de contenidos privados, entre ellos los falsos positivos, la posibilidad de usos no previstos y la presión sobre los sistemas de cifrado de extremo a extremo. De forma particular, expresamos nuestra cautela ante modelos de análisis en el propio dispositivo de las personas usuarias, conocidos como client-side scanning, por su potencial impacto en la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones.

El Consejo considera que la lucha contra el abuso sexual infantil debe reforzarse mediante autoridades investigadoras especializadas, una gestión ágil de denuncias concretas, medios técnicos y humanos suficientes, cooperación entre países y apoyo efectivo a las víctimas.

Por ello, defendemos que cualquier iniciativa europea en este ámbito debe preservar simultáneamente dos objetivos irrenunciables: la protección efectiva de la infancia y la garantía de los derechos fundamentales, la seguridad digital y la confidencialidad de las comunicaciones de la ciudadanía.