El reciente fallo del Tribunal Supremo, que establece que los algoritmos públicos deben ser transparentes. Desde el Consejo General de Ingeniería Informática considera que este hito marca un antes y un después en la relación entre la ciudadanía, la tecnología y la Administración. No hablamos de una cuestión técnica menor: los algoritmos ya forman parte de los procesos de decisión que afectan directamente a derechos fundamentales de las personas, desde la concesión de un bono social hasta, en otros casos, la protección frente a la violencia de género.
